El 5 de febrero de 2025, la localidad de Azoyatla despertó marcada por la violencia feminicida. Rosaura fue asesinada por su expareja, Marco Antonio N., exelemento de la Policía Municipal de Mineral de la Reforma, un agresor que se encontraba en libertad pese a los reiterados llamados de auxilio de la víctima y a un historial documentado de violencia.

A doce meses del crimen, Marco Antonio permanece recluido en el Centro de Reinserción Social (Cereso) de Pachuca, sin que exista aún una sentencia. Su detención ocurrió horas después de una jornada de violencia que dejó un saldo de tres personas muertas y dos menores en condición de orfandad. El caso se inscribe en un contexto de fallas institucionales: el imputado había sido liberado previamente del mismo penal tras privar de la libertad a Rosaura y acumulaba denuncias por agresiones, sin que las autoridades activaran mecanismos eficaces de protección.

Un día después del feminicidio, una amiga cercana y excompañera laboral de la víctima hizo públicas las omisiones oficiales. Señaló haber sido testigo del hostigamiento constante que Marco Antonio ejercía contra Rosaura y responsabilizó directamente a la jueza Janett Montiel Mendoza por haber ordenado la liberación del agresor, pese al riesgo evidente que enfrentaba la mujer.

Frente a los señalamientos, tanto el Poder Ejecutivo estatal como el Poder Judicial de Hidalgo rechazaron cualquier falla en el actuar institucional. En paralelo, las acusaciones sobre una posible complicidad de elementos de la Policía Municipal de Mineral de la Reforma en el acoso contra la víctima fueron desestimadas. El alcalde Eduardo Medécigo Rubio aseguró que las investigaciones internas no arrojaron responsabilidades ni derivaron en sanciones.

El feminicidio de Rosaura se convirtió en el caso más visible de 2025 en Hidalgo, no sólo por la brutalidad del hecho, sino por los antecedentes de violencia ignorados y el perfil del presunto responsable. Sin embargo, no fue un hecho aislado. Ese mismo año, 13 muertes de mujeres fueron investigadas bajo el protocolo de feminicidio, mientras que organizaciones feministas documentaron hasta 75 fallecimientos violentos, una brecha que vuelve a poner en entredicho la eficacia de las instituciones encargadas de garantizar justicia y prevenir la violencia de género.