Una exservidora pública que formó parte de la estructura financiera del gobierno de Hidalgo durante la administración de Omar Fayad fue sentenciada a cuatro años de prisión, luego de que un juez determinó su responsabilidad en el delito de peculado por 12 millones de pesos.

Se trata de Verónica V. B., quien durante el gobierno anterior ocupó distintos cargos dentro del área financiera estatal y posteriormente se desempeñó como coordinadora de Planeación Financiera de la Secretaría de Hacienda de Hidalgo.

La sentencia, correspondiente a la causa penal 1738/2023, fue emitida el 4 de junio de 2026 por el Juzgado de Control del Distrito Judicial de Pachuca de Soto.

Un sistema informático que nunca fue implementado

De acuerdo con los hechos que el juzgado consideró acreditados, la entonces funcionaria intervino en la autorización de 12 millones de pesos de recursos públicos para la contratación de servicios informáticos destinados a dependencias y acciones gubernamentales.

Los recursos habían sido solicitados previamente por un funcionario de la entonces Secretaría de la Contraloría del Estado. Posteriormente, el gobierno estatal formalizó un contrato con una empresa privada para la prestación de los servicios.

Sin embargo, la resolución establece que los servicios contratados nunca fueron realizados, por lo que la operación fue considerada inexistente.

El juzgado concluyó que la exfuncionaria participó en la disposición de los recursos en favor de la empresa, pese a que estos debían estar destinados a un servicio específico para la administración pública.

La acusación y el proceso judicial

Verónica V. B. fue detenida el 1 de noviembre de 2023, cuando se desempeñaba como coordinadora de Planeación Financiera de la Secretaría de Hacienda.

Su caso quedó vinculado con las investigaciones por el presunto desvío de recursos públicos conocido como la “Estafa Siniestra”, esquema mediante el cual se indagaron diversas operaciones realizadas durante la administración estatal anterior.

De acuerdo con la resolución judicial, la exfuncionaria fue considerada coautora del delito de peculado y actuó con dolo directo, al establecer el juzgado que tenía conocimiento de los hechos y quiso su realización.

La sentencia establece una pena de cuatro años de prisión.