La magnitud del problema terminó por desbordar el esquema vigente. Con más de 2 mil casos de violencia familiar y sexual registrados contra niñas, niños y adolescentes en los últimos seis meses, el Congreso del Estado de Hidalgo aprobó una reforma que modifica de fondo la forma en que se atienden estas agresiones: la creación de Procuradurías Municipales de Protección en cada demarcación.

La decisión no surge en el vacío. Entre octubre de 2025 y abril de 2026, las cifras oficiales documentan alrededor de 2 mil 200 casos, con casi 4 mil 900 menores atendidos. El volumen de situaciones, sumado a la dispersión territorial, evidenció —según el dictamen— la insuficiencia del modelo basado en “primer contacto”, donde una sola figura debía concentrar funciones jurídicas, psicológicas y de acompañamiento.

La reforma, avalada este 9 de abril, plantea un cambio estructural: trasladar la capacidad de respuesta al ámbito municipal mediante instancias integradas al sistema DIF, pero con autonomía técnica y operativa. Estas procuradurías no solo atenderán denuncias, sino que podrán solicitar medidas de protección, representar legalmente a menores y participar en procesos judiciales y administrativos cuando exista vulneración de derechos.

El rediseño incorpora además equipos multidisciplinarios —abogados, psicólogos y trabajadores sociales— como condición mínima para su funcionamiento, en un intento por sustituir la atención fragmentada que ha prevalecido en los últimos años.

En este nuevo entramado institucional, la Procuraduría General de Justicia del Estado de Hidalgo mantendrá un rol de articulación. Podrá atraer casos de relevancia y coordinar la actuación de las instancias municipales, con el objetivo de garantizar no solo la atención inmediata, sino la restitución de derechos.

Pese al alcance de la reforma, el Congreso determinó que su implementación no implicará recursos adicionales. La apuesta es reorganizar estructuras existentes en los municipios, que contarán con un plazo de 180 días para instalar las nuevas procuradurías una vez publicada la norma en el Periódico Oficial.

El desafío, sin embargo, no es menor: traducir el rediseño legal en capacidades reales de intervención en territorio, en un contexto donde la violencia contra menores ha dejado de ser un fenómeno aislado para convertirse en una constante documentada.