En los últimos días de 2025, el exgobernador de Hidalgo, Omar Fayad Meneses, se presentó en la Auditoría Superior del Estado de Hidalgo acompañado de la exsecretaria de Finanzas Públicas, Delia Jessica Blancas Hidalgo. El objetivo: entregar seis expedientes documentales para intentar aclarar observaciones por 59 millones 208 mil 69 pesos con 10 centavos, relacionadas con cuatro contratos señalados como irregulares.
El auditor superior, Jorge Valverde Islas, confirmó que la documentación fue recibida dentro del plazo legal, que vencía el 31 de diciembre de 2025, y actualmente se encuentra bajo análisis técnico para determinar si solventa total o parcialmente las inconsistencias detectadas.
Las observaciones derivan de la auditoría extraordinaria ASEH/DGFSE/EXT-SFP/01/2023, practicada a la entonces Secretaría de Finanzas Públicas —hoy Secretaría de Hacienda— con el propósito de revisar el manejo de recursos correspondientes a los ejercicios fiscales 2018, 2019 y 2021.
En el informe presentado en febrero de 2024, como parte de la revisión de la Cuenta Pública 2022, se señalaron presuntas irregularidades en cuatro contratos: uno de asesoría y consultoría por 29 millones de pesos; otro de arrendamiento de pantallas para difusión institucional por más de 7 millones; un servicio de plataforma de inteligencia de negocios por poco más de 3 millones; y un contrato de consultoría en control interno por más de 19 millones de pesos.
Valverde Islas adelantó que, a primera vista, parte de la documentación entregada podría aportar elementos que no habían sido proporcionados al órgano fiscalizador durante la auditoría inicial. No obstante, subrayó que será el análisis técnico el que determine si procede la solventación o, en su caso, la presentación de una denuncia penal.
Cabe recordar que Blancas Hidalgo fue inhabilitada en diciembre de 2025 por la Contraloría estatal, tras la pérdida de recursos públicos depositados en Banco Accendo.
Se prevé que en el transcurso de un mes la Auditoría Superior emita una resolución preliminar sobre este caso, que involucra la administración financiera estatal del periodo 2016–2022.
