Mucho antes de que la Fiscalía General de la República (FGR) colocara sellos de aseguramiento en un inmueble del parque industrial de Tizayuca por la presunta operación de un centro clandestino de procesamiento de combustibles, el lugar ya había sido objeto de medidas administrativas por parte del gobierno municipal debido a presuntas irregularidades ambientales.
Las instalaciones, identificadas como sede de la empresa Lete, fueron clausuradas este año por la Dirección de Ecología y Medio Ambiente del ayuntamiento, luego de que inspectores detectaran presuntas descargas de residuos químicos hacia la red de drenaje municipal.
Los sellos colocados en el acceso principal evidencian ahora la convergencia de dos investigaciones distintas. A los avisos de clausura emitidos por la Secretaría de Infraestructura, Control Urbano, Ecología y Servicios Públicos Municipales se suman los de aseguramiento de la Fiscalía Especializada en Materia de Delincuencia Organizada (FEMDO) y de la FGR, que mantienen bajo resguardo el inmueble.
Ubicado sobre la calle Sur 2 del parque industrial, el complejo permanece sin vigilancia visible. La circulación en la zona continúa parcialmente restringida debido a obras de reencarpetamiento con concreto hidráulico, mientras la actividad cotidiana de las empresas vecinas transcurre con aparente normalidad.
Sin embargo, entre trabajadores del corredor industrial el predio no pasaba inadvertido, desde tiempo atrás circulaban versiones sobre la posible compra, venta y procesamiento de combustibles de procedencia desconocida, aunque esas afirmaciones no habían sido corroboradas por autoridad alguna.
Los antecedentes del inmueble tampoco son recientes.
Información del gobierno municipal señala que las descargas detectadas este año desembocaban en el río Papalote, situación que, de acuerdo con las autoridades locales, representaba un riesgo ambiental para miles de habitantes de colonias asentadas en las cercanías del afluente.
No fue la primera ocasión en que la empresa enfrentó medidas por posibles afectaciones al entorno.
En noviembre de 2021, el ayuntamiento ordenó la clausura temporal de las instalaciones tras un derrame de sustancias químicas que contaminó uno de los brazos del río que atraviesa diversas comunidades del sur de Tizayuca.
Pese a esos antecedentes, la empresa continuó operando.
En su información corporativa, Lete refiere que su actividad consiste en el tratamiento de aguas residuales industriales, la recuperación de solventes mediante procesos de destilación y la distribución de solventes especializados para distintos sectores productivos.
Ahora, el inmueble enfrenta un escenario distinto.
El aseguramiento federal incorpora la hipótesis de una presunta operación clandestina relacionada con el procesamiento de combustibles, una línea de investigación que rebasa las faltas administrativas documentadas por el municipio y que coloca al predio bajo la competencia de las autoridades encargadas de combatir la delincuencia organizada.
Mientras la FGR desarrolla las diligencias para determinar la naturaleza de las actividades que se realizaban en el lugar, el historial del inmueble revela que las alertas sobre su funcionamiento no comenzaron con el operativo federal. Antes de las investigaciones por posibles delitos en materia de hidrocarburos, el complejo ya acumulaba antecedentes por presuntas afectaciones al medio ambiente, una secuencia de hechos que hoy adquiere una nueva dimensión.
