Armando Mera Olguín, exalcalde con licencia de Progreso de Obregón, abandonó la noche de este miércoles el Centro de Reinserción Social (Cereso) de Pachuca, luego de acogerse a un procedimiento abreviado mediante el cual reconoció su responsabilidad penal por el delito de uso ilícito de atribuciones y facultades agravado, vinculado a irregularidades financieras superiores a los 10 millones de pesos durante su gestión municipal.

La liberación del exfuncionario ocurrió tras la emisión de un fallo condenatorio dictado este 5 de febrero, el cual permitió la conmutación de la pena privativa de la libertad, pese a que el juzgador le impuso una sentencia formal de cuatro años de prisión. La salida del penal se registró alrededor de las 19:45 horas, en medio de la presencia de familiares y simpatizantes que aguardaban en las inmediaciones del reclusorio, algunos de los cuales transmitieron el momento en tiempo real a través de redes sociales.

De acuerdo con la Procuraduría General de Justicia del Estado de Hidalgo (PGJEH), Mera Olguín —identificado como simpatizante del Partido del Trabajo— aceptó los hechos imputados a cambio de una reducción de la sanción, figura jurídica prevista en la legislación penal para casos en los que la pena no rebasa los cuatro años y el imputado renuncia al juicio oral.

Como parte del acuerdo, el exalcalde realizó un pago por 4 millones 670 mil 369.58 pesos, correspondiente a la reparación del daño a favor de la administración pública. Dicho monto está relacionado con observaciones emitidas por la Auditoría Superior del Estado de Hidalgo (ASEH) a la Cuenta Pública 2022 del ayuntamiento de Progreso de Obregón, en la que se detectaron anomalías por un total de 10 millones 700 mil pesos, de los cuales solo fue solventada aproximadamente la mitad.

Mera Olguín fue detenido en abril de 2024, cuando aún contaba con licencia otorgada por la asamblea municipal, y desde entonces enfrentó el proceso penal por irregularidades que evidenciaron fallas en el ejercicio del gasto público y el control administrativo del municipio.

El caso se suma a una larga lista de procesos judiciales contra exautoridades municipales en Hidalgo que, pese a derivar en sentencias condenatorias, concluyen sin que los responsables permanezcan en prisión, reabriendo el debate sobre la efectividad de los mecanismos legales para sancionar la corrupción y garantizar la reparación integral del daño al erario.