La extracción intensiva de agua y la intervención forestal asociadas a la construcción de la carretera Real del Monte–Huasca han provocado un deterioro progresivo del Parque Nacional El Chico, uno de los ecosistemas más emblemáticos del centro del país, y aceleraron la presencia del gusano descortezador, advirtió Jonatan Job Morales García, presidente de la asociación civil Biofutura y especialista en conservación de la biodiversidad.

De acuerdo con el biólogo, las afectaciones se concentran en los municipios de Mineral del Monte, Mineral del Chico, Omitlán y Huasca, donde el debilitamiento del macizo forestal —producto del saqueo de agua y la pavimentación de caminos— generó las condiciones propicias para la proliferación del insecto. No obstante, sostuvo que la respuesta institucional ha sido errónea y contraria a los principios de conservación que rigen a un parque nacional.

Bajo el argumento de un presunto saneamiento forestal, señaló, se han derribado aproximadamente 22 mil árboles, una práctica que lejos de mitigar el problema ha profundizado el daño ambiental. Morales García explicó que, desde el inicio de estas acciones, Biofutura alertó a las autoridades sobre la improcedencia de aplicar esquemas de tala en un área natural protegida, donde el equilibrio ecológico depende de que los procesos naturales sigan su curso.

El activista subrayó que durante décadas se asumió que la presencia del gusano descortezador debía combatirse mediante la eliminación masiva de árboles, una idea que hoy ha sido descartada por la ciencia forestal contemporánea. El insecto, precisó, forma parte de los ciclos naturales del bosque y cumple una función en la renovación del ecosistema, siempre que se apliquen medidas técnicas específicas y no la tala indiscriminada.

“Lo que se ha hecho no solo es ambientalmente incorrecto, sino que abre la puerta a un aprovechamiento comercial indebido, porque además de talar, la madera está siendo retirada y vendida”, acusó.

Habitantes de comunidades cercanas como La Estanzuela y Carboneras han manifestado su preocupación por el constante tránsito de camiones cargados con troncos, una práctica que contraviene la normatividad ambiental vigente, la cual establece que los árboles afectados por plagas deben ser tratados o destruidos en el sitio, sin extracción del material.

Morales García advirtió que la eliminación de árboles muertos o debilitados impacta de manera directa a la fauna silvestre. Al destruirse las oquedades naturales, numerosas especies —desde insectos hasta ardillas, conejos, zorras y aves— pierden refugio y se ven forzadas a desplazarse, lo que altera la cadena ecológica y afecta también a hongos, reptiles y pequeños mamíferos.

El especialista recordó que existen evidencias científicas que destacan la importancia de los árboles muertos dentro del bosque, ya que protegen el suelo, almacenan humedad y funcionan como hábitat de decenas de especies, entre ellas la ardilla voladora. Casos como el del Nevado de Colima, donde se prohibió la tala tras reconocer el papel ecológico del gusano descortezador, demuestran que permitir los procesos naturales favorece la recuperación del ecosistema.

Asimismo, cuestionó que ni Biofutura ni las comunidades locales hayan sido convocadas a las mesas de trabajo donde se definieron las acciones de tala. En esos espacios, afirmó, participaron legisladores sin formación en materia forestal, talamontes y autoridades ambientales estatales y federales carentes del conocimiento técnico necesario para tomar decisiones de alto impacto ecológico.

Como antecedente, citó lo ocurrido en los bosques de Jacala, donde la presencia del gusano descortezador fue atendida sin derribar árboles y permitió la regeneración natural del entorno. Por ello, hizo un llamado a las autoridades a replantear su estrategia y adoptar decisiones sustentadas en criterios científicos, antes de que el deterioro del Parque Nacional El Chico sea irreversible.