El recorrido turístico que Juan Antonio y su pareja contrataron en Mineral del Chico terminó por convertirse en una escena de violencia evitable. Lo que se ofrecía como una experiencia recreativa en uno de los destinos naturales más visitados de Hidalgo derivó en la muerte del hombre, de 38 años, tras un accidente ocurrido durante un trayecto en un vehículo todo terreno tipo Razer.

La pareja había pagado un paquete vacacional que incluía el traslado hasta uno de los puentes iluminados del Pueblo Mágico. El servicio fue ofrecido por un supuesto prestador identificado como Guillermo Gerardo Hidalgo, quien promovía recorridos en este tipo de unidades motorizadas, diseñadas para alta velocidad y terrenos irregulares.

El vehículo era conducido por Perla Guadalupe Díaz. De acuerdo con testimonios de los familiares, durante la estancia se habrían detectado conductas anómalas en la conductora, incluido el posible consumo de sustancias. Al emprender el regreso, Juan Antonio y su acompañante manifestaron inquietud por la velocidad a la que se desplazaba la unidad.

El temor no fue infundado. En dos ocasiones pidieron a la conductora disminuir la marcha. La primera respuesta fue una recriminación: aseguró contar con capacitación y licencias suficientes para el recorrido. La segunda petición fue ignorada. Minutos más tarde, el Razer perdió estabilidad, realizó movimientos abruptos y volcó sobre uno de sus costados. Los ocupantes fueron expulsados del vehículo y golpearon violentamente el suelo.

Mientras la conductora resultó con lesiones menores, Juan Antonio y su pareja quedaron gravemente heridos. Los tres fueron trasladados a un hospital, donde —según relatan los deudos— se reprodujo una escena de desigualdad en la atención médica: Perla Guadalupe Díaz recibió trato preferencial, mientras que las víctimas fueron mantenidas en condiciones que calificaron como indignas.

Antes de conocer el desenlace clínico, los familiares —originarios de la Ciudad de México— fueron abordados por Guillermo Gerardo Hidalgo, quien se presentó como propietario del vehículo. Les aseguró que el servicio contaba con seguro y que asumiría la responsabilidad por el accidente. No obstante, tras confirmarse la muerte de Juan Antonio, el hombre se deslindó por completo de cualquier obligación.

Posteriormente, los familiares supieron que el presunto prestador de servicios turísticos es trabajador del ayuntamiento de Mineral del Chico, lo que encendió cuestionamientos sobre la regulación de estas actividades y la posible protección institucional. A la cadena de irregularidades se sumó un nuevo episodio: la entrega del cuerpo del fallecido se retrasó hasta el lunes 2 de enero, luego de que el Servicio Médico Forense no retirara los restos del hospital, lo que incluso derivó en la suspensión de una audiencia judicial.

Ante estos hechos, la familia de Juan Antonio y la mujer que permanece hospitalizada en estado grave presentaron una denuncia ante la Procuraduría General de Justicia del Estado de Hidalgo por los presuntos delitos de homicidio, lesiones y daño a la propiedad. A un caso que comenzó como un viaje turístico se le acumulan ahora señalamientos de negligencia, opacidad y una exigencia central: que la muerte no quede impune.