Un tribunal colegiado confirmó la anulación del sobreseimiento. La causa penal 263/2020 pasa a la etapa de juicio oral.
El proceso penal contra Gerardo Sosa Castelán, exrector de la Universidad Autónoma del Estado de Hidalgo (UAEH), no terminó con el sobreseimiento que lo había favorecido. Esa decisión fue anulada porque el juez que la dictó ya no tenía facultades para hacerlo. Con ello se agotaron los recursos que podían detener la causa penal 263/2020, que ahora seguirá ante el Tribunal de Enjuiciamiento.
El error de procedimiento
La determinación corresponde al Tercer Tribunal Colegiado de Apelación en Materia Penal del Segundo Circuito, que resolvió por unanimidad el expediente 17/2026. Su razonamiento fue de orden procesal. El juez de control, Gregorio Salazar Hernández, ya había dictado el auto de apertura a juicio y enviado la causa al tribunal de enjuiciamiento. Después volvió a intervenir y decretó el sobreseimiento. Para los magistrados, en ese momento ya no tenía competencia sobre el expediente.
El magistrado Felipe de Jesús Delgadillo Padierna explicó a medios regionales que, una vez emitido el auto de apertura y convocada la audiencia de juicio, el procedimiento no puede retroceder. Agregó que el acusado ya no estaba a disposición del juez de control, sino del tribunal que conduciría el juicio. El colegiado también confirmó la negativa del amparo que había promovido la defensa.
Lo que esta resolución no significa
Nada de lo anterior implica una condena. El fallo corrige un vicio de procedimiento y no analiza si las acusaciones son ciertas. Eso se resolverá en el juicio, donde la Fiscalía y la defensa presentarán sus argumentos y pruebas.
La acusación
La Fiscalía imputa delincuencia organizada y operaciones con recursos de procedencia ilícita por 58 millones 245 mil 948 pesos. Según su planteamiento, esa suma ingresó entre 2011 y 2018 a Contabilidad del Siglo XXI Pachuca, S.C. De la misma cuenta habrían salido después 48 millones 569 mil pesos. De ese monto, 23 millones 567 mil pesos se habrían transferido en 70 cheques a una cuenta a nombre de Sosa Castelán.
Son cifras que forman parte de la acusación y que la Fiscalía deberá acreditar en juicio.
Un proceso paralelo en Argentina
En otro frente, la Fiscalía General de la República (FGR) prepara la solicitud formal de extradición de Ana Carmen Sosa Cravioto, hija del exrector. Tiene 35 años y fue detenida en Mendoza, Argentina, cuando intentaba abordar un vuelo a Chile. En el control migratorio se detectó una ficha roja de Interpol.
La FGR pretende que responda en México por operaciones con recursos de procedencia ilícita y delincuencia organizada. Según La Jornada, se le atribuye haber sido beneficiaria indebida de 16.6 millones de pesos a través de la misma empresa. Por ahora permanece en prisión domiciliaria mientras avanzan los mecanismos de cooperación internacional.
La extradición se resolverá por separado ante las autoridades argentinas. Como en el caso de su padre, la detención no equivale a una sentencia, y la Fiscalía tendrá que presentar pruebas si logra su traslado a México.
