La interrupción de las obras del tren México-Querétaro en territorio de Tepeji del Río no responde a un problema técnico ni presupuestal, sino a una ausencia institucional: en el ejido Melchor Ocampo, en la localidad de El Salto, no existe actualmente una autoridad reconocida que pueda validar acuerdos sobre el uso de la tierra.

A dos meses de la suspensión —ocurrida a inicios de febrero— el proyecto federal permanece sin avances en un tramo de aproximadamente cuatro kilómetros, ante la imposibilidad de formalizar convenios relacionados con la ocupación de tierras de uso común y las respectivas indemnizaciones. La causa es clara: no hay comisariado ejidal en funciones.

El abogado de los ejidatarios inconformes, Álvaro Cortés Trejo, sostiene que la falta de representación deriva de un proceso electoral anulado por instancias judiciales. La resolución, emitida en marzo de 2025 por el Tribunal Agrario y posteriormente ratificada mediante amparo en diciembre del mismo año, invalidó la elección del comisariado, sus suplentes y el consejo de vigilancia, al acreditarse irregularidades en la participación de personas ajenas al padrón ejidal.

Desde entonces, el ejido —integrado por cerca de 287 miembros— se mantiene sin una figura legal que encabece las decisiones colectivas. La consecuencia ha sido directa: dependencias federales como la Secretaría de la Defensa Nacional y la Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano han optado por no suscribir acuerdos hasta que exista certeza jurídica en la representación.

El conflicto no se limita al ámbito administrativo. Ejidatarios han solicitado formalmente al Tribunal Agrario que se ejecute la sentencia que ordena la reposición del proceso electoral; sin embargo, hasta ahora no se ha emitido convocatoria para una nueva asamblea. La omisión, advierte la representación legal, podría escalar tensiones internas en la comunidad.

El caso incluso alcanzó a la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que desechó un recurso de revisión promovido tras las resoluciones previas, con lo que se mantiene firme la invalidez del proceso original.

En este contexto, la reactivación del proyecto ferroviario depende menos de decisiones de ingeniería que de la recomposición del orden interno en el ejido. Sin una autoridad electa que pueda recibir indemnizaciones y autorizar intervenciones, el tramo permanece en pausa, atrapado en un conflicto donde convergen legalidad agraria, obra pública y gobernanza local.