La difusión de un video en redes sociales volvió a colocar el tema del maltrato animal en el centro de la indignación pública. Las imágenes, grabadas en un camino de terracería de la comunidad La Flor del Campo, en el municipio de Zacualtipán de Ángeles, Hidalgo, muestran a un perro siendo arrastrado por un automóvil en movimiento, atado con una cuerda a la parte trasera del vehículo.

El material fue captado por una pareja que transitaba por la zona y da cuenta de una escena que ha generado conmoción: el conductor del automóvil no se detiene, pese a que el animal es jalado de manera continua sobre el camino. No se conoce con precisión cuánto tiempo permaneció el perro en esa condición ni el trayecto recorrido mientras era arrastrado.

En el video se observa que el animal, identificado de manera extraoficial como “Greñas”, presenta un estado alarmante. En un momento aparece inmóvil, recostado sobre su costado izquierdo, mientras continúa siendo arrastrado, lo que ha llevado a suponer que pudo haber sufrido lesiones graves o una condición médica previa que agravó la situación.

A pesar del impacto del material y de la reacción inmediata de usuarios en redes sociales, hasta el momento las autoridades municipales de Zacualtipán de Ángeles no han emitido un posicionamiento público sobre los hechos. Tampoco se ha informado si existe una investigación en curso ni si se ha intervenido ante la problemática de animales en situación de calle en esa zona del municipio.

La legislación estatal contempla sanciones para este tipo de conductas. El artículo 349 del Código Penal de Hidalgo establece penas de tres meses a un año de prisión, además de multas que pueden superar los 5 mil pesos, para quien incurra en actos de maltrato animal. En los casos en que dichas agresiones deriven en la muerte del animal, las penas se elevan hasta dos años de prisión y multas que alcanzan los 16 mil pesos.

El caso no solo expone un presunto acto de crueldad, sino también la ausencia de una respuesta institucional inmediata. Mientras el video continúa circulando y sumando reacciones de repudio, el silencio de las autoridades alimenta cuestionamientos sobre la aplicación efectiva de la ley y la protección real de los animales en el estado.