La exhumación de dos tumbas en  La Cañada del Pozo Uno, en Atotonilco de Tula, derivó en dos carpetas de investigación y mantiene un conflicto entre autoridades y habitantes de la comunidad, quienes sostienen versiones distintas sobre la legalidad de las sepulturas.

El gobernador de Hidalgo, Julio Menchaca Salazar, confirmó que el terreno donde se encontraban las tumbas no estaba autorizado como panteón y explicó que, de acuerdo con la información oficial, en el sitio fueron sepultados de manera irregular los cuerpos de un menor y un adulto.

“En un espacio que no era un panteón, había dos tumbas. Eso a todas luces es irregular, ilegal. Entonces sí se generó un conflicto... y entiendo la afectación que puede tener la familia”, señaló el mandatario estatal.

Por estos hechos, la Procuraduría General de Justicia del Estado de Hidalgo (PGJEH) inició dos carpetas de investigación, informó el encargado del despacho, Francisco Fernández Hasbun.

Explicó que la primera busca esclarecer las condiciones en las que fueron realizadas las inhumaciones, mientras que la segunda se relaciona con los hechos ocurridos posteriormente en la Presidencia Municipal de Atotonilco de Tula, donde se reportaron daños materiales y amenazas.

“Hay dos temas; se inició una carpeta de investigación para el tema de las tumbas que estaban en un área en donde no está permitida por ninguna autoridad, y otra denuncia que presentó la presidencia municipal por un tema de amenazas y destrozos”, declaró Fernández Hasbun.

Ayuntamiento defiende procedimiento de exhumación

En un comunicado fechado el 7 de octubre, el Gobierno Municipal de Atotonilco de Tula aseguró que las acciones realizadas en el predio no fueron arbitrarias, sino que respondieron a un ordenamiento emitido por el Ministerio Público y autoridades jurisdiccionales.

El Ayuntamiento señaló que las diligencias fueron ejecutadas por la PGJEH, la División de Investigación Criminal, la División de Investigación Científica, la COPRISEH y personal funerario autorizado.

De acuerdo con el comunicado, las autoridades actuaron “con total solemnidad y estricto apego a las normas sanitarias”.

El gobierno municipal también afirmó que desde hace más de un año había mantenido diálogo con las familias involucradas con el objetivo de encontrar una solución para la reinhumación de los restos en un espacio que considerara adecuado.

Habitantes sostienen que las sepulturas eran legales

Por otra parte, el delegado de La Cañada, Omar Dani López, aseguró que buscarán acudir ante autoridades federales para presentar su versión de los hechos.

El representante comunitario sostuvo que cuentan con documentación que, según afirmó, demostraría que sus familiares fueron enterrados legalmente en el predio donde se encontraban las tumbas.

Por ello, señaló que solicitarán que su versión sea escuchada y que se investigue el caso para determinar las posibles responsabilidades.

Mientras continúan las investigaciones, el conflicto mantiene dos posturas encontradas: por un lado, las autoridades estatales y municipales sostienen que el predio no estaba autorizado como panteón; por otro, habitantes de La Cañada aseguran contar con documentos que respaldan la legalidad de las sepulturas.

Las carpetas de investigación abiertas por la PGJEH deberán determinar las circunstancias en que se realizaron las inhumaciones y esclarecer también los hechos posteriores registrados en la Presidencia Municipal.