Las trayectorias de Frida Martínez Zamora y Damián Canales Mena —dos exfuncionarios estrechamente vinculados al grupo político del exsecretario de Gobernación Miguel Ángel Osorio Chong— volvieron al centro del escrutinio público luego de que el Tribunal Federal de Justicia Administrativa confirmara sanciones administrativas en su contra, que incluyen inhabilitaciones de hasta 20 años para ejercer cargos públicos y el pago de indemnizaciones superiores a 65 millones de dólares.
La resolución deriva de una investigación impulsada por la Secretaría Anticorrupción y Buen Gobierno, a través de la Unidad de Combate a la Impunidad, la cual concluyó que ambos incurrieron presuntamente en faltas administrativas graves durante su paso por la extinta Policía Federal. El caso se relaciona con la contratación de un sistema de vigilancia masiva adquirido a la firma israelí Rafael Advanced Defense Systems, cuya operación, de acuerdo con las autoridades, nunca llegó a funcionar.
Más allá del presunto desvío millonario, el expediente revive la influencia que durante años mantuvo el grupo político construido alrededor de Osorio Chong, particularmente en áreas estratégicas de seguridad, inteligencia y administración de recursos públicos.
La operadora financiera del grupo
Originaria de Hidalgo y de formación abogada, Frida Martínez Zamora desarrolló una carrera estrechamente ligada a la estructura política del exgobernador hidalguense. Su relación profesional con Osorio Chong comenzó desde 2004, cuando fungió como representante del PRI ante el Instituto Electoral del Estado de Hidalgo.
Posteriormente, durante la administración estatal de Osorio Chong, ocupó cargos relacionados con adquisiciones y manejo presupuestal en la Oficialía Mayor. Su ascenso continuó en el ámbito federal tras la llegada del político hidalguense a la Secretaría de Gobernación durante el sexenio de Enrique Peña Nieto.
Martínez Zamora pasó por el entonces Cisen como titular de la Unidad de Administración, Finanzas y Desarrollo Humano y, más tarde, fue nombrada secretaria general de la Policía Federal, posición desde la cual controlaba áreas sensibles vinculadas a compras, contratos y asignación de recursos.
Su nombre ya había aparecido en diversas investigaciones de la Fiscalía General de la República por presuntos desvíos de recursos, adquisiciones irregulares de patrullas y aeronaves, así como por supuestos movimientos financieros relacionados con 147 cheques provenientes del erario por más de mil 764 millones de pesos, recursos que, según las acusaciones, habrían sido desviados de su propósito original.
El perfil policial y los años de violencia en Hidalgo
A diferencia de Martínez Zamora, Damián Canales Mena construyó su trayectoria en el ámbito operativo y de seguridad pública. Durante el gobierno de Osorio Chong en Hidalgo encabezó la Secretaría de Seguridad Pública estatal en un contexto marcado por la expansión regional del cártel de Los Zetas.
En aquellos años, diversas indagatorias federales documentaron actividades vinculadas con secuestro, extorsión y tráfico de drogas en la entidad, además de posibles redes de protección institucional. Parte de esas investigaciones fueron integradas entonces por la SIEDO, hoy FEMDO.
Canales Mena asumió el cargo después del asesinato de Marcos Manuel Souverbille González, exsecretario de Seguridad estatal, ejecutado en septiembre de 2007 en Huasca. El homicidio continúa sin resolverse y expedientes relacionados con delincuencia organizada han señalado la posible participación de elementos de la propia corporación policial.
Con el arribo de Osorio Chong al gabinete federal, Canales también fue incorporado a la estructura de seguridad nacional como jefe de Inteligencia de la Policía Federal, una posición clave dentro de la corporación.
El contrato millonario que terminó bajo investigación
La sanción administrativa contra ambos exfuncionarios se desprende de un contrato firmado en diciembre de 2015 para adquirir un programa de vigilancia e inteligencia tecnológica destinado a la Policía Federal y a la Gendarmería.
El sistema, identificado como “Rafael”, contemplaba herramientas de análisis y explotación de información estratégica. Según las investigaciones, el gobierno federal realizó un anticipo inicial por 39.2 millones de dólares y posteriormente cubrió otras cuatro facturas por 26.3 millones adicionales entre 2015 y 2016.
No obstante, las autoridades sostienen que el sistema nunca operó de manera funcional, pese a que los recursos ya habían sido etiquetados dentro del presupuesto de la corporación policial.
La Secretaría Anticorrupción también señaló que Frida Martínez realizó un viaje a Israel financiado por la empresa contratista, un elemento que forma parte de las indagatorias administrativas y penales abiertas en torno al caso.
Paralelamente, la Fiscalía General de la Repúblicamantiene abierta una carpeta de investigación relacionada con posibles delitos derivados de la contratación del sistema tecnológico, así como por la presunta adquisición a sobreprecio de programas de espionaje y vigilancia durante el sexenio anterior.
